Extraído de Mundo Narco.- ( http://cosecharoja.org/cronica-de-una-guerra-narco-en-el-norte-mexicano/)
Los enfrentamientos entre la Policía local y La Mochomera, célula
armada por el cártel Beltrán Leyva para el control de la zona norte de
la entidad, se recrudecieron al ser asesinados seis civiles y privadas
de la libertad al menos once personas. La guerra entre ambos grupos se
extendió al volanteo de panfletos por ambas partes.
En esa pugna armada, La Mochomera se adjudicó el triple asesinato de
Carlos Alberto Figueroa, Joab Ibarra Ibarra y de Juan Manuel López
Ortiz, muertos todos en un tiroteo sobre la carretera Internacional
tramo Bachoco-Los Mochis. “Eran parte de la avanzada del Chapo, pero
fueron delatados por policías de confianza de Jesús Carrasco, anotó en
su cuenta de Facebook el Dos Letras. La cuenta ya fue bloqueada.
Antes de ser inutilizada, en la misma cuenta, La Mochomera anunció
que seis personas más fueron asesinadas por esas mismas causas. Sobre
los cuerpos dejó una cartulina amarilla señalando la causa de la
múltiple ejecución. Momentos después, media docena de cuerpos fueron
arrojados desde una camioneta blanca en movimiento en la zona industrial
de Concheros, a unos siete kilómetros al sur de esta ciudad, pero la
cartulina había desaparecido tras que policías confirmaron el hallazgo.
En el transcurso de los días, tres de los seis muertos fueron
identificados como los taxistas José Rosario Gámez Salazar y José
Antonio Ramírez Gámez, así como Óscar Fabián López García, y del resto
se ignoraban datos.
Con estas muertes, las privaciones de la libertad no cesaron, sino
que continuaron. En ellas cayeron líderes transportistas, sus hijos,
camioneros, mecánicos, empresarios, agricultores, entre otras personas.
Solo un reducido grupo de ellos ha sido dejado en libertad, pero del
paradero del resto no hay datos. Se cree están retenidos en alguna casa
de seguridad, en el monte o ya sepultados en tumbas clandestinas.
La disputa del territorio de la ciudad subió al cielo. Y es que desde
avionetas, volando en la penumbra del amanecer, se lanzaron volantes.
En una hoja de color blanco se acusa al director de la Policía
Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, de ser un director de levantones y
desapariciones forzadas; de distribuidor de drogas ya que tiene sus
propios tiradores, estar al mando del Chapo Guzmán, que clona patrullas
para delinquir “como tu querido amigo el Cholo Iván.
En otro panfleto se acusa al gobernador Mario López Valdez de ser “el
gobernador de la corrupción”, y se asegura que pronto la espada de la
justicia caerá sobre él.
Tras lanzarse los volantes, la Policía Municipal fue desplegada para
recogerlos, lo que hizo con eficiencia pues llegó al exceso de amenazar a
los civiles con detenciones si conservaban un documento.
Por los panfletos, el gobernador López Valdez ofreció que denunciaría
los hechos ante la Procuraduría General de la República para que se
investigue origen y autoría. Hasta ahora no se conocen avances de esa
pesquisa.
Tras los días de terror vividos en el norte de la entidad, el alcalde
Zenén Aarón Xóchihua Enciso reconoció que la disputa por las
actividades delictivas en Ahome y sus alrededores habían disparado las
alertas, y estas obligaban al replanteamiento de las operaciones. Dijo
que recurriría al Gobierno del Estado para reforzar las operaciones en
contra de la inseguridad. Y el gobernador Mario López Valdez respondió
al llamado del alcalde. Pidió una reunión emergente del Gabinete de
Seguridad, juntándose en el despacho de la Presidencia Municipal, en
donde bromeó con mandos militares, navales y policiales: “Uff, si esta
oficina hablara”. No fue a los únicos que convocó, pues también citó a
los presidentes de organismos intermedios para hacer “bola grande” a los
acontecimientos que empañaban los resultados de la administración.
López Valdez no detalló las operaciones a realizar como respuesta a
los embates de los grupos delictivos, pero reitero que “Ahome no estará
solo, y que no entregarían los espacios ganados a la delincuencia”.
Por separado y por encomienda del propio gobernador, el procurador
general de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, salió al paso de los
hechos, pero se negó a dar detalles de lo que sabían ocurría en Sinaloa,
y en especial en el norte de la entidad, así como también omitió
detallar las acciones de respuesta, que dijo, estarían realizando
instituciones locales y federales en los siguientes días, y que ahora se
resumen como más patrullaje y más retenes.
El procurador negó que el Gobierno de Sinaloa esté favoreciendo a un
grupo delictivo, y tácitamente reconoció conocer del volanteo de las
imputaciones y de los mensajes a través de cuenta de Facebook, que dijo
se han turnado a la Procuraduría General de la República para que con
toda transparencia realice las investigaciones necesarias. “Los volantes
y los mensajes de Facebook son analizados y se remiten a la
Procuraduría General de la República para que hagan las investigaciones
necesarias. El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de combatir a
todos los delincuentes sin importar colores, líneas, grupos de cómo se
denominen, el objetivo nuestro es restablecer la tranquilidad en todo el
estado”.
En tanto, las cámaras de la Industria de la Transformación, de
Hoteles y Moteles, de la Industria Restaurantera, de los agricultores
privados y el Centro Empresarial, respaldaron la oferta del Gobierno del
Estado de aumentar la presencia policial para frenar el avance de la
delincuencia, aunque sin plazo perentorio.
Jorge López Valencia y José Luis Stone Aguilar, con el respaldo de
Flavio Mexía y de Víctor Peña Villalobos, afirmaron que la población
debe de tener confianza en los esfuerzos que la autoridad realice para
frenar a la delincuencia “Aunque dos de cada tres personas sufrieron ya
alguna afectación por la delincuencia.
Aunque la policía tomó las calles y los retenes militares se
centraron en los límites de Ahome y Guasave, las operaciones de los
grupos delictivos no sufrieron freno. Las privaciones de la libertad
continuaron al orden del día, de la hora, del minuto. Y mientras los
políticos pregonan acciones, la ciudad vive con miedo. Un miedo a los
delincuentes, pero también a la Policía, que dicen, ahora son los
mismos.
El cateo a la casa de seguridad
Los inquilinos habían llegado a la casa del fallecido marino mercante
dos meses atrás. Por ser hombre de mar el constructor, en la fachada
colocó un ancla de cantera. Esa era la señal de su casa, y también la
que guió a los militares de la Base de Operaciones Mixtas Urbanas a
saber de que se trataba de una casa de seguridad, a media mañana del
martes 4 de junio, en la segunda sección del fraccionamiento Alameda.
Esa vivienda fue alquilada a la viuda por una pareja, pero sus reales
moradores siempre fueron jóvenes, educados, nada groseros, alegres,
pisteadores, que entraban y salían como si nada, saludando de palabra o
con la mano, a veces, recuerdan vecinos.
Pero la tarde de ese martes, un piquete de soldados tomó por asalto
el fraccionamiento. Se apostaron en azoteas, calles, tomaron el control y
allanaron la casa. Los vecinos dicen que ya nada había en la vivienda
marcada con el número 920 de la calle Rosa de Laurel, casi esquina con
Ingenio Águila, porque desde temprano, todos los ocupantes habían salido
apresuradamente, pero otras versiones señalan que los soldados se
habrían llevado seis autos, media docena de detenidos y armas. Hasta
ahora no hay un reporte del cateo, aunque la casa se encuentra abierta.
Había una razón para esa salida apresurada de los inquilinos, pues el
convoy militar y municipal rastreaba la vivienda, habiendo recibido una
llamada anónima de que en ella había gente encapuchada y armada y que
había metido a la fuerza a un civil. Como seña, la casa tenía un ancla
al frente.
Los militares iniciaron el reconocimiento del área y mientras se
acercaban, dos unidades se les incorporaron a distancia. Eran vigías de
los facinerosos que al verse descubiertos emprendieron la huida, y los
policías la persecución.
Recorrieron varias calles, alejándose del objetivo, hasta que
finalmente la corretiza concluyó con un choque entre una patrulla y una
vagoneta, resultando todos los ocupantes lesionados e incendiándose las
dos unidades. En la confusión, se presume la fuga de los inquilinos de
la casa.
Horas después, en el callejón Tepic, frente al domicilio marcado con
el número 316 de la colonia Insurgentes, la Policía encontró una unidad
Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con placas para circular VNF 9484 del
estado de Sinaloa, que resultaron sobrepuestas. El vehículo señuelo fue
robado el día 7 de mayo de 2013 en Escuinapa, Sinaloa.
Esta semana descubrí un
machismo que tiene alrededor de 800 sedes y más de 455 franquicias en el
mundo. Esta semana descubrí que hay una forma de comerse una
hamburguesa cayendo en los estereotipos más lamentables y vulgares que
me hubiera imaginado. Esta semana fui al Hooters de Bogotá y quise
estrangular a más de un empleado de esta cadena pseudorrepublicana y
absolutamente patriarcal que esconde una política de desprecio, sexismo y
estupidez en sazonadas y picantes alitas de pollo.